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La Defensora Del Pueblo Contra El Aumento De La Luz

Edersa pretende un aumento del 45.9% de la tarifa eléctrica en Río Negro.

 

En respeto de los derechos económicos de los usuarios y bajo el amparo de la Constitución Nacional, la defensora del Pueblo de Río Negro rechazó el pedido de aumento propuesto por Edersa.

“El incremento en la tarifa media general solicitado por la empresa no presenta correlación suficiente con la eficiencia del servicio y la evolución de los ingresos de los usuarios”, planteó

Adriana  Santagati al pronunciarse en contra del aumento.

En la sexta audiencia pública por la revisión tarifaria de la distribuidora de electricidad, la Defensora  detalló que “el aumento pretendido por Edersa implicaría una variación en la tarifa final, dependiendo del concepto (cargo fijo y cargo variable) y categoría (T1R1 y T1R2)”.

En su exposición centró su enfoque en la razonabilidad económica, la equidad tarifaria, la asignación de riesgos y el respeto de los derechos económicos de los usuarios, conforme el artículo 42 de la Constitución Nacional.

En esta misma línea y luego de un pormenorizado análisis de la propuesta de la empresa y sus correspondientes comparaciones y evaluaciones, Santagati concluyó que la propuesta de

Edersa  “muestra señales importantes de transferencia de riesgos del negocio hacia el usuario sin justificación objetiva y de ineficiencia operativa por pérdidas crecientes y costos estructurales sin control”.

Puntualizó además que “al desenergizar el VAD, aumentar la representatividad de la red adaptada sobre el modelo MEI, asegurar la anualidad de la declaración de potencia y automatizar los cortes mediante los medidores prepagos, la distribuidora busca garantizar la previsibilidad de caja, desvinculando su rentabilidad de la eficiencia real en la prestación del servicio y el riesgo propio del negocio”.

En ese marco la Defensora del Pueblo sostuvo que “Edersa  deja en absoluta desprotección de derechos a los usuarios del servicio”.

Respecto del pedido de aumento consideró que  “en su configuración actual, la propuesta no acredita de manera suficiente que el mayor ingreso solicitado sea el estrictamente necesario para garantizar el servicio bajo parámetros de eficiencia y calidad”.