VELOCIDAD PARA SUSTRAER CELUS Y TRANSFERIR DINERO
La recomendación es mantenerse atento y no desprenderse de pertenencias en lugares públicos.
25-9-26
Varias audiencias judiciales de esta semana estuvieron vinculadas a estafas, hurto y defraudación, hechos que desnudaron maniobras de rápida extracción de datos personales de tarjetas o celulares y las respectivas transferencias, afectando seriamente la economía de las víctimas. La mayoría trabajadores con ingresos que necesitan extras para llegar a fin de mes.
La semana se cerró con otra causa de estas características. A una joven de 26 años con domicilio en El Cóndor se le imputaron dos delitos: la sustracción de un celular en marzo de este 2026 del que en minutos se trasfirió más de 100.000 pesos a su cuenta y un hurto cometido el pasado agosto.
El fiscal Pablo Peralta detalló que la joven que dijo dedicarse al trabajo doméstico concurrió el 23 de marzo a un local céntrico de Viedma donde se presentaba una banda de música. Pasadas las cuatro de la madrugada aprovechó la oportunidad en que un celular quedó sobre la barra del local y lo sustrajo sin ejercer ningún tipo de violencia. Se retiró de allí y según los registros, antes de la media hora se trasfirió a su cuenta los 130.000 pesos existentes en esa cuenta.
Ese monto correspondía a la venta de entradas para el show y el celular pertenecía a una de las personas responsable de la organización.
La investigación verificó a través de los informes bancarios que la trasferencia fue realizada desde el dispositivo desaparecido a la cuenta de la imputada que además fue vista en el local nocturno.
La imputación sumó un hecho de hurto ocurrido en el mismo sitio cinco meses después. En esta oportunidad un hombre que se encontraba con un grupo de amigos advirtió un suave movimiento en el bolsillo donde tenía la billetera. Ante su rápida reacción direccionada a la joven, ésta trató de pasar la billetera a quien la acompañaba pero fue frustrada la maniobra.
SUSPENSION DE JUICIO A PRUEBA
En la audiencia de esta mañana, la defensora oficial Graciela Carriqueo no planteó objeciones a la formulación de cargos y luego de destacar la ausencia de antecedentes de su defendida propuso una suspensión de juicio a prueba.
Esta modalidad permite suspender el proceso penal y evita llegar a un juicio oral con posible condena de prisión. A cambio, el imputado se compromete a cumplir durante un plazo determinado (de 1 a 3 años) una serie de reglas de conducta, entre ellas trabajos comunitarios y a reparar el daño causado por el delito, sin que esto signifique una declaración de culpabilidad.
Es también conocido como “probation” y se puede aplicar a delitos cuya pena máxima no supere los tres años de prisión. Si el imputado cumple con el compromiso asumido no le quedarán antecedentes y si no lo hace o comete otro delito se suspende el beneficio y continúa el proceso hacia un juicio.
En esta audiencia las partes aceptaron esta alternativa y el juez Juan Brussino autorizó el beneficio por el término de un año, bajo el cumplimiento de las pautas propuestas por la defensa como que la joven finalice un taller de cerámica con categoría de oficio, el cumplimiento de 100 horas de trabajo comunitario a definir el lugar, fijar domicilio y someterse al control de la oficina especializada con presentaciones mensuales.
Brussino le explicó a la imputada los alcances de este beneficio y aclaró específicamente que si no cumple no podrá volver a acceder a esta posibilidad por ninguno de los dos delitos incluidos en este legajo.
En imagen: el fiscal Pablo Peralta (derecha); el juez Juan Brussino y la defensora oficial Graciela Carriqueo (izquierda).
Estela Jorquera
Nacida en Mendoza, se radicó en Viedma muy joven. Trabajé en Diario Río Negro