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PIDEN QUE PASE AL VALLE LA CAUSA CERTIFICADOS

Con planteos de excepción con especial pronunciamiento para que el juez de Garantías de Viedma, Adrián Dovrzak, se declare incompetente para actuar en esta causa y la derive al Alto Valle comenzó la audiencia por los denominados “certificados truchos” que habrían sido utilizados por más de 115 empleados estatales (la mayoría policías)  en 2024 para tomar licencias y cobrar los sueldos completos.

La convocatoria de hoy fue para la formulación de cargos pero se acordó que primero serán resueltos los planteos de excepción y luego se pasará a las respectivas formulaciones.

En la audiencia de esta mañana presidida por el juez Dvorzak participaron los fiscales Juan Pedro Peralta y Francisco Marano, así como el abogado Federico Rosbaco por la Fiscalía de Estado y en calidad de querellante.  La defensora oficial María Paz Alvarez representó a 22 de los 26 citados para hoy, todos conectados por zoom desde distintas localidades de la provincia donde residen, al igual que dos abogados particulares que asumieron varias defensas -Nicolás Suárez Colman y Diego Broggini-.

Cinco de los convocados no asistieron y se pidió para ellos una nueva audiencia que en total son  nueve las programadas que continuarán mañana y el viernes para finalizar el 9 de octubre próximo.

PLANTEOS DE EXCEPCIÓN

La defensora oficial, María Paz Alvarez, fue la primera en formular excepciones procesales priorizando la competencia del juez Dvorzak, al considerar que no es el juez natural de esta causa porque el hecho no ocurrió en Viedma ni en la primera circunscripción judicial. Agregó que se imputa una única conducta a los más de 100 involucrados que consiste en la utilización de un certificado de salud con la intención de cobrar el sueldo completo que retiraban en otro lugar de la provincia.

Además planteó que la gran mayoría que utilizó ese documento tildado de falso lo hizo en Roca y Cipolletti y que el ardid habría sucedido en el Alto Valle, donde los involucrados cobraban sus salarios más allá que la orden de pago saliera de Viedma. También destacó que en aquellas localidades valletanas se realizaron las principales investigaciones y allanamientos.

Hizo referencia a jurisprudencia de la Corte respecto de la competencia y a la economía procesal, señalando las dificultades de trabajar a 500 kilómetros de distancia.

En ese marco, Alvarez sostuvo que de aceptarse la competencia de Dvorzak se afectaría el concepto de juez natural, el principio de igualdad y la defensa de los imputados que viven a más de 500 kilómetros de distancia y con quienes sólo es posible el contacto virtual. “No se puede ir ni ellos venir todas las veces que sea necesario y resulta compleja una defensa de esta manera”, aseguró al reclamar que se haga lugar a su planteo de competencia y que se remita la totalidad de la causa a Roca y Cipolletti, donde fueron presentados la totalidad de los certificados investigados.

Los abogados particulares Suárez Colman y Broggini adhirieron al planteo de la defensa.

RECHAZO DE LA ACUSACION

Por su parte el fiscal jefe, Juan Pedro Peralta, pidió al juez que no haga lugar al planteo defensista, fundamentando la imposibilidad de reasignar más de 70 imputados a defensores oficiales de otra circunscripción judicial que no conocen la causa, graficando  que este hecho generó un perjuicio al Estado que tiene sede en Viedma.

Subrayó que los jueces tienen competencia para actuar en toda la provincia y que esta investigación se inició aquí por la denuncia presentada por el gobernador y se pidió que sea tramitada en este lugar por entender que el perjuicio afecta a la Administración Pública provincial que tiene sede en la capital rionegrina.

Peralta negó que se vea alterado el ejercicio de la defensa basándose en el avance tecnológico y ponderó que las pruebas más importantes fueron obtenidas por los equipos informáticos de Viedma. “Remitir la investigación a otra circunscripción significaría un retraso procesal”, sostuvo.

Rosbaco en representación de la Fiscalía de Estado adhirió al planteo fiscal, agregando que el delito surgió en esta circunscripción judicial y que “el uso del certificado lejos está de ser lo principal sino que es parte de la defraudación al Estado que se investiga”.

Consideró que esa utilización  estaba dirigida a Viedma que es donde se liquidan los sueldos y respecto de la virtualidad negó que afecte el ejercicio de la defensa “por el contrario la hace más fácil”.

“MONTAJE ARMADO”

Las respuestas de las defensas a los argumentos de la parte acusadora reiteraron lo sostenido sobre la organización, señalando la defensora oficial que un juicio oral y público con imputados a 500 kilómetros de distancia resultaría imposible para la defensa, tanto como la búsqueda de pruebas.

En tanto, Broggini apuntó al Ejecutivo provincial al señalar que “esta causa es un montaje armado por el gobierno con la empresa trucha de auditorías y lo que quieren es dasalentar a los que tienen problemas de salud para que no tomen licencias y vayan arrastrándose a trabajar para evitar un perjuicio”.

Pidió que esta causa se resuelva como se debe y que “no se contribuya a un objetivo del poder político”.

En la imagen: Federico Rosbaco querellante por la Fiscalía de Estado, los fiscales Francisco Marano y Juan Pedro Peralta (izquierda); el juez Adrián Dvorzak y la defensora oficial María Paz Alvarez (derecha).

 

 

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